Ante una crisis es un craso error utilizar el empleo como variable de ajuste. Esto por razones éticas, económicas, sociales y políticas. Sin embargo, en un enorme segmento de empresas y organizaciones públicas de casi todo el mundo la primera, no la última, respuesta ha sido cortar empleos. Existen otras formas más efectivas y menos destructivas de enfrentar una crisis y ajustar el rumbo hacia un desarrollo sustentable.
Cortar brutalmente empleos para enfrentar una crisis genera un altísimo costo social: a nivel familiar la penuria de quienes se ven sin trabajo cuando también se resienten los servicios asistenciales; a nivel de la sociedad en su conjunto se resquebraja la cohesión social afectando la estabilidad política, la seguridad y la gobernabilidad democrática.
Pero cortar empleos en épocas críticas es también un error desde el punto de vista económico. Sólo una visión parcial y de corto plazo lleva a empresas y al sector público a ajustar sus cuentas cortando empleos. Cada actor económico y el propio sector público acuden a ese tipo de medidas creyendo que su situación mejorará descargando costos. Lo que no consideran es que esa “solución” se proyecta sobre el mercado interno: reduce la demanda agregada y genera el reflujo de nuevas olas recesivas acrecentando la crisis. Caen los ingresos de las empresas pero también se resiente la recaudación impositiva reproduciendo el rojo fiscal a un menor nivel de actividad. Si la crisis se torna global y alcanza a un gran número de países, la situación se complica aun más: mientras el sistema financiero procura administrar el creciente riesgo restringiendo duramente el crédito, la alternativa de acrecentar exportaciones para compensar la caída del mercado interno se torna inviable (todos quieren exportar, pocos importar) y el efecto dominó (quebrantos que arrastran a otros) se acelera y provoca subas del riesgo país y del consecuente costo financiero de endeudarse, lo cual agrava la situación y puede, en ciertos casos, generar condiciones para una eventual cesación de pagos y la reestructuración forzada de la deuda soberana.
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Roberto Sansón Mizrahi
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